El Alto

El Alto, una franja de monte nativo santiagueño pleno de algarrobos, mistoles y fauna de la zona, ubicado en el sudoeste provincial, no sólo es una barrera natural al proceso de salinización y desertificación de la zona, sino también el hogar de una docena de ayllus del pueblo diaguita cacano, que reclama la titularización de unas 60 mil hectáreas.
En un espacio semiárido, El Alto se extiende a lo largo de 70 kilometros por 20 de ancho en los departamentos Loreto y Atamisqui y tiene la categoría I o Roja (máximo nivel de conservación) tras los debates que dieron los ayllus, o comunidades locales, en 2008, durante las audiencias y talleres por la ley de Bosques realizados en Santiago del Estero.
Apenas a 12 kilómetros de Villa Atamisqui, está Atun Punku, en quichua Puerta Grande, con un lugar de reunión que habitualmente utiliza la organización indígena que los contiene, la Unión Solidaria de Comunidades del pueblo Diaguita Cacano.
El pueblo diaguita está conformado por los amaichas, quilmes, cafayates, entre otros, que habitan a lo largo de los valles calchaquíes.
Los integrantes de los ayllus son quichuahablantes, o como se dice entre los santiagueños, "quichuistos" que en los últimos años enfrentaron cuerpo a cuerpo la llegada de "empresarios dueños" al territorio de ocupación ancestral.
Precisamente en Atun Punku, en una especie de plaza natural rodeada de algarrobos, aguaribay y pencas, discuten estrategias para impedir el ingreso de usurpadores y lograr, de la mano del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tanto el ansiado título con la aplicación de la ley 26160.
Esa norma, vigente hasta el 23 de noviembre del 2013, no sólo impide desalojos de los territorios indígenas sino que ordena el relevamiento de esa ocupación por parte de las comunidades, para legalizarla con títulos.
En 2008, Oscar Tito Zurita, Atuniyku (cacique), denunció ante la Secretaría de Medio Ambiente de la nación (4066/08) y ante la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente provincial (478/12) que en El Alto, único cordón boscoso del Departamento Atamisqui y territorio de las comunidades, el ingreso de extraños.
"Aparecieron con una topadora, tractor y dos rolos para destruir parte del bosque nativo y posesiones nuestras: cercos, potreros, mangas, deslindes y forestaciones que hicimos nosotros. También antiguos caminos vecinales. Todo eso provocó daños ambientales irreversibles", detalló a Télam el Atuniyku.
La guerra por el territorio se expresó en todas las formas porque a la resistencia de los habitantes los empresarios opusieron la intervención de los jueces que, ajenos a la legislación nacional, a la Constitución del país y a tratados internacionales ordenaron la detención de diaguitas con el GETOAR (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo) de la policía provincial, que en marzo del 2009 detuvo a cinco integrantes de los ayllus.
Presente en Atun Punku estaba don Cecilio Barraza, un anciano de más de 80 años que "fue esposado y arrojado desnudo a un hormiguero, donde lo dejaron durante más de 4 horas", según denunciaron los indígenas.
O el caso de Reina Coronel (del Ayllu Codo) agredida a "latigazos y patadas" en el camino entre su comunidad y Villa Atamisqui por una pareja de lugareños cercanos a los empresarios.
Cuando fue al hospital, le negaron atención y cuando fue a la policía encontró a sus agresores conversando con un oficial quien decidió "encerrar a Reina con la mujer que le había pegado en la misma celda mientras les decía “ahí adentro pueden matarse si quieren´", contó Zurita.
Destacó que la violencia contra las comunidades se transformó, además, en 12 juicios en su contra, mientras que la comunidad tiene seis, tres en la órbita federal, entre ellos uno por lo que consideran el robo de unas 100 cabezas de vaca que nunca más aparecieron.
"Corremos uno y viene otro", dijo Zurita al resumir la situación en la que se encuentran no solamente las comunidades originarias sino también los campesinos, estos últimos sin el paraguas legal que asiste a los pueblos indígenas de la Argentina.